Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones
- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
- TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
- TITULO II LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN REGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA
- TITULO III OBLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARACTER PUBLICO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y EN LA EXPLOTACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES
- TITULO IV EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE EQUIPOS Y APARATOS
- TITULO V DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO
- TITULO VI LA ADMINISTRACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
- TITULO VII TASAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
- TITULO VIII INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
- DISPOSICIONES ADICIONALES
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- DISPOSICION DEROGATORIA
- DISPOSICIONES FINALES
- ANEXO DEFINICIONES
Palacio del Congreso de los Diputados, a 2 de abril de 1998.
--El Presidente en funciones del Congreso de los Diputados,
Enrique Fernández-Miranda y Lozana.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El sector de las telecomunicaciones fue considerado históricamente uno de los ejemplos clásicos del denominado «monopolio natural». Esta consideración sufrió la primera quiebra en el ámbito comunitario, como consecuencia de la publicación, en 1987, del «Libro Verde sobre el desarrollo del Mercado Común de los Servicios y Equipos de Telecomunicaciones».
En este Libro Verde, se proponía una ruptura parcial de dicho monopolio y una separación entre los servicios de telecomunicaciones que, hasta entonces, se ofrecían, todos ellos, asociados entre sí, al servicio telefónico y a su red. Esta separación permitió comenzar a distinguir entre redes y servicios básicos y otras redes, equipamientos y servicios.
Dentro de esta segunda categoría, podría, en algunos casos, actuarse en régimen de libre concurrencia. Establecía el Libro Verde, asimismo, una serie de principios y criterios para la liberalización de los servicios de telecomunicaciones en los países de la Unión Europea en años sucesivos.
En paralelo con el Libro Verde y de acuerdo con los principios recogidos en él, se aprobó en España, en el mismo año, la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones que, como su propio preámbulo señala, supone el primer marco jurídico básico de rango legal aplicable al sector de las telecomunicaciones y el inicio del proceso liberalizador en nuestro país.
El carácter dinámico de las telecomunicaciones, la evolución del proceso liberalizador, tanto en el seno de la Organización Mundial del Comercio como en el ámbito de la Unión Europea, y la eliminación progresiva de los vestigios del monopolio natural, hicieron que, en un corto período de tiempo, la Ley española de 1987 quedase desfasada y fuera necesario reformarla en profundidad.
Así, se llevaron a cabo sucesivas adaptaciones de la Ley, bien por medio de modificaciones expresas de ésta, a través de las alteraciones producidas por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, o por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, o bien como consecuencia de la aprobación de leyes sectoriales que establecieron un régimen jurídico distinto para determinados ámbitos concretos, como la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite o la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
La conclusión, en el seno de la Unión Europea, de las deliberaciones sobre los principios básicos a aplicar en la liberalización del sector y sobre el calendario del proceso liberalizador y la firme voluntad del Gobierno español de agilizar éste, exigen la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones que sustituye a la de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 y establece un marco jurídico único.
La rúbrica de la Ley, Ley General de Telecomunicaciones, anuncia ya que, principalmente, lo regulado en ella es un ámbito liberalizado, disminuyendo el control administrativo que sobre él existía. No obstante, una de las finalidades esenciales que la Ley persigue es garantizar, a todos, un servicio básico a precio asequible, el denominado servicio universal.
El texto de la Ley incorpora los criterios establecidos en las disposiciones comunitarias, vigentes o en proyecto, principalmente los contenidos en la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones, mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones; en la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la inicialmente citada y la 92/44/CEE para su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones; en la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas alquiladas; en la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal, cuya modificación prevé la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de una red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal en las telecomunicaciones en un entorno competitivo; en la Directiva 96/19/CE de la Comisión de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones; en la Directiva 97/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y de licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones; en la Directiva 97/33/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las redes de telecomunicaciones, para garantizar el servicio universal y la interoperabilidad, mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) y en la Directiva 97/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad.
Del análisis del contenido de la Ley resulta lo siguiente:
1.º
Persigue promover la plena competencia mediante la aplicación de los principios de no
discriminación y de transparencia en la prestación de la totalidad de los servicios (Título I).
Al mismo tiempo, se establecen mecanismos de salvaguarda que garanticen el funcionamiento
correcto y sin distorsiones de la competencia y el otorgamiento a la Administración de
facultades suficientes para garantizar que la libre competencia no se produzca en
detrimento del derecho de los ciudadanos al acceso a los servicios básicos, permitiendo a
aquélla actuar en el sector, con el fin de facilitar la cohesión social y la
territorial.
2.º
Otra novedad importante es el establecimiento de un sistema de autorizaciones generales y
de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o
explotación de redes de telecomunicaciones (Título II),
por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones y de
autorizaciones administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes,
impuesto por las Directivas comunitarias.
También se regula la interconexión de las redes, con la finalidad fundamental de
garantizar la comunicación entre los usuarios, en condiciones de igualdad y con arreglo
al principio de leal competencia entre todos los operadores de telecomunicaciones.
3.º Se
regulan, en el Título III, las obligaciones de
servicio público, que se imponen a los explotadores de redes públicas y prestadores de
servicios de telecomunicaciones disponibles para el público, garantizando así la
protección del interés general en un mercado liberalizado.
Estas obligaciones incluyen la exigencia de la utilización compartida de las
infraestructuras, para reducir al mínimo el impacto urbanístico o medioambiental
derivado del establecimiento incontrolado de redes de telecomunicaciones.
Destaca en este Título, particularmente, la regulación del denominado servicio universal
de telecomunicaciones, cuyo acceso se garantiza a todos los ciudadanos. La Ley recoge el
contenido mínimo del servicio universal, pero prevé su ampliación y adaptación futura,
por vía reglamentaria, en función del desarrollo tecnológico.
Además, se incluyen en este Título disposiciones relativas al secreto de las
comunicaciones, la protección de los datos personales y el cifrado, dirigidas, todas
ellas, a garantizar técnicamente los derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos.
4.º También se adapta a la normativa comunitaria, el régimen de certificación de aparatos de telecomunicaciones (Título IV), y el régimen de gestión del dominio público radioeléctrico (Título V).
5.º En el Título VI se regula el sistema de distribución de competencias entre los distintos entes y órganos de la Administración General del Estado. En particular, se pone especial atención en dotar de unas competencias básicas en el ámbito de las telecomunicaciones a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, permitiendo a ésta contar con el apoyo del personal preciso y con los medios económicos adecuados.
6.º Por otro lado, se unifica el régimen de tasas y cánones aplicables a los servicios de telecomunicaciones, en el Título VII.
7.º El Título VIII revisa y actualiza el sistema de infracciones y sanciones, armonizándolo con la nueva distribución de competencias entre las autoridades administrativas y respetando el principio de la necesaria tipificación, en sede legal, de las conductas ilícitas.
8.º Por
último, es importante destacar que con el cambio profundo de filosofía que sobre la
regulación del sector de las telecomunicaciones se recoge en esta Ley, se pretenden
implantar, de forma gradual, los mecanismos propios de un régimen plenamente
liberalizado.
Así, respetando rigurosamente los plazos fijados por la normativa comunitaria, se
establece un régimen de transición al nuevo sistema para los títulos otorgados al
amparo de la normativa hasta ahora vigente, que habiliten para la prestación de servicios
o para la explotación de redes.
Cierran la Ley once disposiciones adicionales, once
transitorias, una derogatoria y cuatro finales,
en las que, entre otros extremos, se regulan la radiodifusión y la televisión y se
establece un cuadro de normas derogadas, y un anexo en el
que se definen determinados conceptos empleados en el articulado.
Nota: Tvlocal.com no se hace responsable de los posibles errores de transcripción que pudiera haber, ni de actualizaciones habidas desde la fecha de su publicación en estas páginas.